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MORTEROS Y SATE
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INFORMACIÓN TÉCNICA

El pasado 17 de septiembre ANFAPA participó en la Asamblea Abierta que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) organizó en Madrid y en la que participaron más 100 asociaciones empresariales.

La PMcM llevará al Gobierno ante la UE si no toma medidas contra las empresas morosas del IBEX

En su última Asamblea Abierta, la PMcM estableció emprender una seria de acciones con el objetivo de que el gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en materia de impagos a proveedores por parte del sector privado.

 

Concretamente se acordó elaborar un documento formal mediante el cual se informará de una manera personalizada a cada empresa morosa del IBEX sobre sus pagos a proveedores que superan los plazos legales.

 

Estos informes se trasladarán al Gobierno para que acometa medidas reales e inmediatas que frenen los abusivos plazos de pago de las grandes compañías.

 

En caso de no hacerlo, los documentos se remitirán a la Unión Europea para su conocimiento, institución a la que la PMcM ya trasladó hace unos meses su queja por la inoperancia del Gobierno en el ámbito de la morosidad en el sector privado.

 

 

La Plataforma también solicitará a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas concretas de lucha contra la morosidad; esta solicitud se hará en una reunión en el Congreso de los Diputados el próximo día 14 de octubre.

 

La PMcM pretende con este conjunto de iniciativas dar salida a sus demandas históricas en esta materia:

  • La creación de unrégimen sancionador que penalice a las empresas morosas.
  • La agilización de la recuperación del IVAno cobrado
  • Y la puesta en marcha de unsistema que detecte automáticamente a las empresas morosas

 

Según los últimos datos recabados por la PMcM, durante el  primer semestre de este año, e74% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010.

 

En 2014, el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 el año pasado, frente a los 60 legales.

 

Sin embargo en este mismo periodo  el sector público mejoró sus plazos de pago reduciéndose un 26%,  de 111 días en 2013 a 82 en 2014, cifra que aun así casi triplica el máximo legal de 30 días.

 

Desde la Plataforma se apunta a que este avance en el sector público se ha debido especialmente a que se han ido poniendo en marcha medidas sancionadoras, otras de inyección de liquidez (como fueron los planes de pago del Gobierno), y también algunas de control, como la factura electrónica; es evidente afirman que acometiendose las acciones pertinentes se puede acabar con esta lacra, y en esta línea seguirán trabajando.

 

 

 

 

Durante la Asamblea Abierta también se informó del estado de los avances que tuvieron lugar desde la firma en febrero, del Manifiesto de “Tolerancia Cero” frente a la Morosidad, se destacó el anuncio por parte del Gobierno de la “posibilidad” de penalizar a las grandes empresas en el acceso a los contratos públicos si éstas no tienen al día sus pagos a proveedores.

 

No obstante, para que esta medida sea efectiva, necesita ser modificada ya que ahora es de carácter potestativo; y, o se hace  imperativa o se está dejando una puerta abierta a que sea la propia Administración Pública la que seleccione a una empresa u otra en función de si quiere o no aplicar la nueva normativa, por lo que la aplicación efectiva de esta medida tiene visos de convertirse en una mera declaración de intenciones.

 

Ante esta situación, la PMcM afirmó que estará atenta a si, a pesar de la modificación de la Ley de Contratación Pública, las Administraciones Públicas continúan contratando a determinadas grandes compañías que no pagan a sus proveedores; en este sentido la PMcM  afirma que realizara informes sobre este extremo para confirmar la sensibilidad que tienen las instituciones públicas ante esta lacra”.

 

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)

Agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas, con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros, y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.

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